Tras una reunión a puerta cerrada el miércoles 19 de julio entre miembros hispanos del Congreso (Hispanic Caucus) y el secretario del DHS, John Kelly, es evidente que el futuro de DACA está en serio peligro debido a la parálisis del Congreso. Kelly dijo que el programa podría no sobrevivir a un desafío legal.

Establecido por orden ejecutiva en el año 2012 por el presidente Barack Obama –y continuado hasta ahora por el presidente Donald Trump– el programa DACA protege de la deportación a cientos de miles de niños que fueron traídos a este país ilegalmente por sus padres.

Los comentarios del secretario Kelly vienen luego de que funcionarios de Texas –y de otros diez estados– advirtieron al Fiscal General Jeff Sessions que demandarán al gobierno federal si DACA no es rescindido el 5 de septiembre de este año. Como dijo a los periodistas el portavoz del DHS, David Lapan, “esto es lo que le están diciendo al secretario Kelly diferentes abogados, que si va a los tribunales podría no sobrevivir”.

La expulsión y deportación forzosa de los soñadores es, y siempre ha sido, un tema que desafía el valor estadounidense intemporal de defender y proteger a las familias. Es también algo a lo que mis convicciones cristianas me obligan a oponerme vehementemente. Separar a las madres y los padres de sus hijos –o viceversa– es una afrenta a la santidad de la vida y es simplemente inaceptable.

Este golpe potencialmente devastador para los niños y sus familias podría haber sido evitado hace mucho tiempo, y la responsabilidad no recae exclusivamente en el presidente. Cae principalmente los miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas.

Nuestra organización, la Conferencia Nacional Hispana de Liderazgo Cristiano, continuará animando la Casa Blanca a proteger a las familias inmigrantes de las consecuencias innecesarias y destructivas de estas y otras políticas similares. De hecho, estuvimos con el presidente y el vicepresidente la semana pasada en la Casa Blanca. Me alegró leer sobre la conversación que el presidente Trump tuvo con los periodistas a bordo de Air Force One unos días después de nuestras reuniones cuando dijo: “Lo que me gustaría hacer es un plan de inmigración integral”.

Aunque he tenido desacuerdos con la administración, el presidente Trump ha demostrado su disposición a encontrar soluciones para quienes están protegidos bajo DACA y se ha movido cada vez más, de manera consistente, en una dirección más positiva sobre estos temas. El secretario Kelly incluso expresó su apoyo a DACA durante la reunión a puerta cerrada del miércoles con los legisladores hispanos.

Debido a esto, el presidente Trump seguirá recibiendo críticas de antiinmigrantes de línea dura que están furiosos con él por suavizar su retórica de campaña y rechazar la rescisión de DACA. Por eso seguimos alabándolo cada vez que se mueve un paso más en la dirección correcta.

Aun así, debido a que DACA fue establecido por orden ejecutiva, es, por su misma naturaleza, más susceptible de ser revocado en los tribunales. DACA otorga unilateralmente permisos legales de residencia y trabajo, sin autorización estatutaria del Congreso. En otras palabras, dado que el Congreso es la única rama de gobierno específicamente encargada por la Constitución de la elaboración y aprobación de las leyes, son sus miembros los que deben aprobar una legislación que proteja permanentemente a los niños nacidos en otros países.

Es francamente ridículo que nos encontremos en esta posición. Estados Unidos ha estado con la necesidad desesperada de una reforma migratoria integral durante décadas. Si el Congreso hubiera actuado antes, podríamos haber evitado los tipos de políticas migratorias que incentivaron la escala y el alcance de los cruces fronterizos ilegales que llevaron a la crisis actual. Ahora millones de inmigrantes temerosos de Dios, que trabajan fuertemente, están en riesgo de ser despedazados.

Y como se trata de un Congreso dirigido por los republicanos, a ellos les incumbe la responsabilidad de dar el primer paso. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, deben priorizar la legislación migratoria este año. La amenaza de acción legal contra DACA es otra razón para exigir que lo hagan con urgencia.

Mi organización ha propuesto un plan de reforma migratoria de cinco puntos que protege nuestras fronteras, reduce los cruces ilegales y proporciona soluciones humanas para atender a las familias que ya viven aquí. Nuestro plan mantiene en equilibrio los dos valores americanos –la santidad de la vida y el imperio de la ley–, que es lo que cualquier proyecto de ley de inmigración debería hacer.

Pero, como se ha dicho muchas veces, un país solo tendrá el gobierno y las leyes que merece. Es hora de que la comunidad hispana asuma su papel y –como el bloque electoral de más rápido crecimiento en el país– exija que el Congreso haga su trabajo.

Debemos utilizar todas las palancas políticas a nuestra disposición hasta que obtengamos una protección duradera para los inmigrantes y sus hijos. No podemos permitir que los miembros del Congreso, demócratas y los republicanos, le pasen toda la culpa al presidente. Esta vez el problema no está sobre sus hombros, sino en el capitolio.

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